¿QUIEN ES QUIEN EN EL CONCEJO SUPERIOR LABORAL?

Creado bajo el alero de la Reforma Laboral, el ente consultivo tendrá una composición tripartita. Sin embargo, revisando la radiografía de su composición, todo indica que su orientación no iría dirigida hacia la representación de las fuerzas trabajadoras.

La constitución de un Consejo Superior Laboral es una de las novedades que trae la entrada en vigencia de la Reforma Laboral.

El objetivo de la constitución del Consejo es, según su reglamento, “elaborar, analizar y discutir propuestas y recomendaciones de política pública en materia de relaciones laborales y mercado del trabajo”. Además, dentro de sus funciones se encontrará la proposición de iniciativas en pos de la creación de empleos, el aumento de la productividad y la participación laboral de mujeres, jóvenes y trabajadores vulnerables, entre otras tareas.

La instancia estará compuesta por nueve miembros: tres representantes del gobierno, tres del empresariado y tres de los trabajadores. Los tres integrantes nombrados por el gobierno son Jaime Ruiz-Tagle, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Guillermo Miranda, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Claudia Donaire, del ministerio del Trabajo.

Los designados del empresariado son Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Andrea Tokman, economista jefe del grupo Quiñenco y Alberto Salas, expresidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC).

Del lado de los trabajadores están Bárbara Figueroa, presidenta transitoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT y José Sandoval, presidente del sindicato interempresa de camioneros.

¿Quién es quién en el Consejo Superior Laboral?

Jaime Ruiz Tagle, economista de la Universidad de Chile con PhD en Economía en la Universidad de Cambridge, es un académico de la Facultad de Economía de la casa de Bello y pertenece al círculo tecnócrata de la Nueva Mayoría siendo considerado cercano a la Democracia Cristiana.

Guillermo Miranda, por otro lado, es el director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina. Miranda integró la comisión laboral del Partido Socialista y se ha manifestado a favor del fortalecimiento de la negociación colectiva y de la libertad sindical. Además, ha defendido públicamente la titularidad sindical como “el alma del proyecto”.

Claudia Donaire es, al igual que Cerda, militante del Partido Socialista y trabaja actualmente en el ministerio del Trabajo. Donaire ha dado muestras públicas de ser ferviente partidaria de la candidatura de Alejandro Guillier a La Moneda.

Juan Araya, actual presidente de Conapyme, es dirigente camionero y asumió en el cargo en 2009. Araya ha sido crítico de la Reforma Laboral, acusando que tendría efectos negativos para las micro, pequeñas y medianas empresas. En 2015, consultado sobre el proyecto, el dirigente gremial sostuvo que “a una Pyme que le hagan un paro de cinco días sin poder trabajar, esa empresa muere y como normalmente somos empresas de servicios, pasa que es reemplazada rápidamente por otra”. También ha hecho pública su opinión de que tanto el reemplazo en huelga como la formación de sindicatos desde ocho trabajadores son un obstáculo para el trabajo que realizan las pymes.

Andrea Tokman, ingeniera comercial de la Universidad Católica y PhD en Economía de la Universidad de California, se desempeñó durante el primer gobierno de Bachelet como asesora de la Presidencia del Banco Central. Actualmente ocupa el cargo de economista jefe en el Grupo Quiñenco, el consorcio empresarial de la familia Luksic que maneja empresas como Banco de Chile, CCU, Enex y otras. En 2013 lideró el equipo, a través de la dirección ejecutiva, de un equipo conformado por Luksic para elaborar un documento con 95 propuestas de reformas para Chile en diferentes aristas con la intención de que sea tomados por candidatos presidenciales para hacerlo parte de un programa. Tokman no milita en ningún partido político.

Alberto Salas dejó hace poco más de un mes la presidencia de la CPC. Salas es ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile. Ha manifestado públicamente tener una visión diferente a la del gobierno de Bachelet. Ayer mismo Salas fue designado para formar parte del directorio de Enap y durante abril se informó su ingreso al directorio de Enaex, empresa de explosivos para minería y obras públicas. Durante diciembre de 2016 asumió como presidente del Consejo Directivo de Inacap. Hace un mes declaró “que no hay una crisis. Nosotros seguimos creciendo, (si bien) malamente, cerca del 2%, de 1,7%. Yo diría que donde estamos en crisis es en el tema de las confianzas, pero no en el tema económico”.

Ahora, la composición por parte de los trabajadores se vislumbra como la más polémica.

En medio de una de las crisis más importantes de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT tendrá dos de los tres representantes de los trabajadores en el espacio.

Bárbara Figueroa, presidenta de la multigremial, es militante del Partido Comunista y su dirección ha sido duramente cuestionada por los gremios más grandes de la central. Tanto el Colegio de Profesores como la Confusam han congelado su participación acusando los deficientes mecanismos electorales, la escasa transparencia financiera y la carencia de mecanismos democráticos internos.

Nolberto Díaz, miembro de la Democracia Cristiana, también es parte de la directiva transitoria de la central bajo el cargo de secretario general.

Que la voz de los trabajadores se encuentre centralizada principalmente en los dirigentes de la CUT parece ser, al día de hoy, una medida bastante errática. Con los gremios más importantes cuestionando su permanencia cabe preguntarse a quiénes representarán los líderes de una multigremial que pasa por una de las más grandes crisis de su historia.

Finalmente, está José Sandoval dirigente sindical camionero. Sandoval se manifestó en contra del paro de los camioneros en febrero del año pasado, señalando que “son los empresarios los que llevan la movilización adelante” y que la movilización significaba “una zancadilla para el gremio”.

Con esta conformación se ve difícil que la orientación de las propuestas que pueda elaborar el Consejo vaya en la dirección de la defensa de los trabajadores, considerando que las únicas voces que podría defenderlos se han visto cuestionadas en el último tiempo.

Fuente: http://radio.uchile.cl/

DIRECCIÓN DEL TRABAJO VUELVE A TRAICIONAR A LOS TRABAJADORES. EL TURNO AHORA ES, EN LA EDUCACIÓN.

Trabajadores traspasados a sostenedores sin fines de lucro pierden gratificación legal

Así lo acaba de establecer la Dirección del Trabajo, en aplicación de las normas generales. Dictamen afecta a profesionales y asistentes de la educación provenientes de colegios particular subvencionados que perseguían fines de lucro.

El 28 de junio de 2015 se publicó la Ley 20.845 de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes, Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos Educacionales que Reciben Aportes del Estado. Entre sus disposiciones más importantes está aquella que establece que “Todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos.” Esto obliga a las sociedades educacionales que obtenían utilidades con la administración de colegios particular subvencionados a optar por transformarlos en 100% particulares, convertirse en corporaciones educacionales o entidades individuales educacionales sin fines de lucro creadas conforme a la nueva ley, o traspasar la calidad de sostenedor a una de estas personas jurídicas.

Para garantizar la continuidad operacional de la calidad de sostenedor traspasada a una de estas personas jurídicas, el artículo 2 transitorio de la ley regula el traspaso de las obligaciones comerciales, educativas, laborales y previsionales.  Señala, por ejemplo, que “En ningún caso la transferencia de la calidad de sostenedor alterará los derechos y obligaciones de los trabajadores, ni la subsistencia de los contratos de trabajo individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que los rijan, los que continuarán vigentes con el nuevo empleador, para todos los efectos legales, como si dicha transferencia no se hubiese producido.”

Sin embargo, no todos los beneficios se transfieren. La Dirección del Trabajo acaba de establecer que, como las personas jurídicas creadas por la ley no persiguen fines de lucro, no están obligadas a pagar gratificación legal (el artículo 47 del Código del Trabajo limita esta exigencia para las empresas que persiguen fines de lucro) ni a continuarla pagando a los trabajadores traspasados que las hubieren percibido, cesando esta obligación “de pleno derecho” (Ord. 1912/046 de 5 de mayo de 2017). De materializarse esto, significaría que profesionales y asistentes de la educación podrían dejar de percibir hasta $104.500 mensuales (tope de anticipo mensual de gratificación pagada según modalidad del artículo 50 del C.T.).

Es cierto que la opinión de la Dirección del Trabajo se ajusta al tenor literal de las normas generales sobre pago de gratificaciones, pero es dudoso que éstas deban prevalecer sobre el tenor y espíritu de una norma especial como el artículo 2 transitorio de la ley 20.845, más aún si se trata de gratificaciones pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo, los que esta norma busca garantizar de manera expresa. De hecho, la naturaleza jurídica del nuevo sostenedor parece indiferente para efectos de los derechos y obligaciones laborales (no así para recibir financiamiento público), ese es el sentido de la ficción legal que se establece al final: los contratos de trabajo subsisten “como si dicha transferencia (la de calidad de sostenedor) no se hubiese producido”, esto es, como si continuare trabajando para un sostenedor con fin de lucro.

Fuente: prosindical.cl 

http://www.prosindical.cl/